Confirman multa a clínica por no atender emergencias tras el colapso de Jet Set

Santo Domingo, República Dominicana. Recientemente, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ratificó una sanción de RD$2,189,154.08 impuesta por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) al Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González. Esta multa se deriva de la falta de atención de emergencia que sufrió dos afiliados tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido en abril de 2025. La decisión del tribunal se formalizó en la sentencia número 0030-04-2026-SSEN-00282, emitida el 22 de mayo de 2026, que confirma la Resolución DJ-GIS número 0012-2025, del 13 de agosto de 2025, y desestima el recurso presentado por la clínica.

Este caso se origina en un incidente grave que tuvo lugar el 22 de abril de 2025, cuando el techo de la discoteca Jet Set se desplomó, dejando a varios heridos. La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) recibió las quejas de dos de los afectados, Franklin Alberto Rodríguez Garabitos y Luis Thomás Graveley Hernández, quienes solicitaron asistencia legal. Acto seguido, la DIDA se dirigió a la Sisalril para solicitar una investigación y la correspondiente sanción a la clínica implicada. Este proceso demuestra la importancia de las instituciones en la defensa de los derechos de los afiliados al sistema de salud.

Los detalles clave

La investigación realizada por la Sisalril determinó que el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González no cumplió con su obligación de garantizar atención de emergencia a los heridos. Se constató que la clínica no registró adecuadamente la visita de los pacientes y, en vez de verificar su cobertura de seguro con la Administradora de Riesgos de Salud (ARS), les comunicó que su póliza no era aceptada. Este incumplimiento resultó en la rápida emisión de la sanción por parte de la Sisalril, menos de cuatro meses después de las denuncias iniciales. Este caso pone de manifiesto la necesidad de que las clínicas respeten sus responsabilidades hacia los afiliados.

Tras la resolución del TSA, se destacó que la clínica no pudo demostrar que las quejas no eran válidas, ya que la DIDA actuó conforme a su rol de representación, tal como lo establece el artículo 29 de la Ley 87-01. El tribunal reafirmó que la Sisalril actuó de manera adecuada al ejercer su autoridad para identificar faltas y establecer sanciones, argumentando que la atención de los pacientes debe ser prioritaria. Los jueces subrayaron que la verificación de la cobertura de seguro es una cuestión que debe resolverse entre el centro médico y la ARS, y no debe ser un obstáculo para el tratamiento de los afiliados.

Reacciones e implicaciones

El director general de la DIDA, Elías Báez, expresó su satisfacción por el resultado del caso, resaltando la colaboración entre las instituciones involucradas en la protección de los derechos de los afiliados. Báez afirmó: «Este caso demuestra lo que logramos cuando las instituciones del Sistema trabajamos juntas: la DIDA recibe al afiliado, lo representa y lleva su caso; la Sisalril investiga y sanciona; y los tribunales confirman que se actuó conforme a la ley. Ningún afiliado debe ser rechazado en una emergencia por su seguro». Además, enfatizó que la DIDA seguirá apoyando a los afiliados en sus reclamos hasta que se resuelvan sus problemas.

Las consecuencias de este caso son significativas, tanto para la clínica como para el sistema de salud en general. A corto plazo, la clínica deberá implementar un plan de acciones correctivas y capacitar a su personal sobre las normativas del Seguro Familiar de Salud. Esto implica que la clínica tendrá que reevaluar sus procedimientos internos para garantizar que no se repitan situaciones similares en el futuro. Asimismo, esta sanción podría influir en la forma en que otras instituciones de salud manejan situaciones de emergencia, recordando la importancia de la atención al paciente por encima de las complicaciones administrativas.

El panorama a futuro

En cuanto al futuro, se espera que este caso sirva como un precedente importante en el ámbito de la atención médica de emergencia en la República Dominicana. Las instituciones de salud podrían verse obligadas a revisar y mejorar sus protocolos de atención para asegurar el cumplimiento de las regulaciones vigentes, así como para evitar sanciones similares. La presión pública y la supervisión de organismos como la DIDA y la Sisalril probablemente incrementarán, lo que podría llevar a un mayor compromiso por parte de las clínicas a mejorar la atención a sus afiliados.

En conclusión, la ratificación de la multa a la clínica por parte del TSA pone de relieve la importancia de los derechos de los afiliados al sistema de salud y la responsabilidad de las instituciones de garantizar atención adecuada en situaciones de emergencia. Este caso no solo resalta las fallas en la atención médica, sino que también reafirma la necesidad de una colaboración efectiva entre las entidades del sistema de salud para proteger a los ciudadanos. La vigilancia y el seguimiento de las instituciones son fundamentales para asegurar que se cumplan las normativas y se brinde un servicio de calidad a todos los afiliados.