Fuerza del Pueblo denuncia más de 1,150 muertes en intervenciones policiales

Santo Domingo, República Dominicana. Este martes, el partido Fuerza del Pueblo (FP) hizo pública una grave denuncia en la que se afirma que desde el año 2020 hasta octubre de 2026 se han registrado un total de 1,152 muertes durante intervenciones realizadas por la Policía Nacional. Según la FP, estos incidentes han sido reportados como intercambios de disparos o acciones legales, y atribuyen esta alarmante cifra al fracaso de la política de seguridad ciudadana implementada por el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM). La denuncia fue presentada por Josefina Reynoso, quien ocupa el cargo de titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la FP, en una rueda de prensa donde se cuestionó el creciente número de fallecimientos y la estrategia de “mano dura” adoptada por el Gobierno para enfrentar la delincuencia. Reynoso recalcó que, a pesar de los informes que indican una disminución de la delincuencia, la situación actual sugiere todo lo contrario, generando temor e inseguridad en la población dominicana.

Este contexto de violencia no es nuevo, ya que durante los últimos años se ha intensificado el debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad en la República Dominicana. A lo largo de los últimos seis años, el Gobierno del PRM ha promovido el discurso de que la criminalidad ha ido en descenso, respaldado por diversas campañas publicitarias y comunicados oficiales. Sin embargo, las cifras presentadas por la FP contradicen esta narrativa, poniendo en evidencia que a pesar de las declaraciones gubernamentales, la realidad muestra un incremento en las muertes relacionadas con intervenciones policiales. Esta situación ha suscitado preocupación entre los ciudadanos y ha llevado a la FP a solicitar una revisión exhaustiva de las políticas implementadas, así como un análisis más profundo sobre la seguridad pública en el país.

Los detalles clave

Los datos proporcionados por la Fuerza del Pueblo revelan que el número de muertes durante intervenciones policiales ha fluctuado de manera alarmante en los últimos años. En 2021, se registraron 76 muertes, cifra que aumentó a 139 en 2022. En 2024, la cifra se disparó a 226 y, en 2025, se reportaron 214 muertes. En lo que va de 2026, se estima que aproximadamente 236 personas han perdido la vida en circunstancias similares. Estos números indican un patrón preocupante que implica un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, lo cual es motivo de gran preocupación para la sociedad dominicana y plantea interrogantes sobre la efectividad y ética de las estrategias de seguridad actuales.

Reynoso, en su intervención, vinculó estas trágicas cifras con la política de mano dura adoptada por el Gobierno, haciendo referencia específica al llamado código 1.29, el cual considera una “cortina de humo” destinada a desviar la atención de los fracasos en las políticas de seguridad ciudadana. La dirigente política enfatizó que, aunque la Fuerza del Pueblo reconoce el derecho de los policías a defenderse en situaciones de amenaza, rechaza firmemente el uso de la fuerza letal fuera de los márgenes de legalidad y proporcionalidad. A su juicio, es fundamental que las instituciones estatales respeten el derecho a la vida consagrado en la Constitución dominicana.

Reacciones e implicaciones

La denuncia de la FP ha generado diversas reacciones entre los actores políticos y la ciudadanía. Muchos ciudadanos han expresado su preocupación por el aumento de muertes en manos de la policía, así como la falta de respuestas claras por parte del Gobierno. Expertos en seguridad han manifestado que es imperativo implementar reformas profundas en las fuerzas policiales, que incluyan capacitación adecuada y protocolos claros de actuación. La FP ha exigido rendición de cuentas sobre los recursos que se han invertido en múltiples planes de seguridad que, según ellos, no han dado los resultados esperados. Por su parte, la Policía Nacional ha mantenido una postura defensiva, argumentando que sus acciones son necesarias para controlar la creciente criminalidad.

Las consecuencias a corto y mediano plazo de esta situación son preocupantes. La creciente desconfianza en la institución policial podría llevar a un aumento de la violencia y la inseguridad en el país. La FP ha señalado que esta crisis de confianza afecta especialmente a las mujeres, quienes son las más vulnerables en situaciones de violencia. Con más de 416 feminicidios contabilizados entre 2020 y 2026, la situación es alarmante. Reynoso subrayó que los feminicidios íntimos han aumentado notablemente, lo que resalta la necesidad de intervenciones más efectivas para proteger a las víctimas.

El panorama a futuro

Mirando hacia el futuro, es evidente que las tendencias actuales en cuanto a seguridad ciudadana en la República Dominicana deben ser objeto de un análisis profundo. La FP ha instado al Gobierno a adoptar un enfoque más integral que priorice la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos. La propuesta de un diálogo nacional liderada por Leonel Fernández busca establecer una estrategia más efectiva en la lucha contra la delincuencia, enfocándose en la investigación criminal y la coordinación institucional. La falta de resultados tangibles por parte del Gobierno podría llevar a un aumento de la presión social, exigiendo cambios significativos en la política de seguridad.

En conclusión, la denuncia de la Fuerza del Pueblo sobre las muertes en intervenciones policiales plantea un grave desafío para la seguridad ciudadana en la República Dominicana. A medida que el número de muertes continúa aumentando, la necesidad de una respuesta efectiva y responsable se vuelve cada vez más urgente. Sin un cambio de enfoque que priorice la vida y el debido proceso, el país podría enfrentarse a una creciente crisis de confianza en sus instituciones encargadas de velar por la seguridad de la ciudadanía.